En el 31 de marzo de este año, la Proclamación 10052 del expresidente Trump expiró. Previamente, esta proclamación había prohibido a muchos no-inmigrantes ingresar a los Estados Unidos con el pretexto de que su presencia en el país obstaculizaría la recuperación económica debido al COVID-19. Esta acción no solo afectó a muchas empresas al interromper un flujo de trabajadores necesarios y calificados, sino que también a muchas familias al separarlas innecesariamente.
En ese momento, el Centro de Acción de la Justicia dijo:
“Según las propias estimaciones de la Casa Blanca, [la proclamación] impedirá que aproximadamente 525.000 personas entren a Estados Unidos. […] Evitará que aproximadamente 20.000 empleadores traigan a los trabajadores necesarios a los Estados Unidos.”
El efecto acumulativo de la proclamación fue que funcionó en contra de los intereses estadounidenses al desestabilizar empresas y vidas individuales durante un período que exigía estabilidad y apoyo para las industrias perjudicadas.
Muchas empresas, posibles trabajadores con destino a Estados Unidos y defensores de los inmigrantes pueden respirar aliviados ahora que la administración Biden ha permitido que esta prohibición expire.
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