El 18 de junio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión largamente esperada, decidiendo el destino del programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en ingles), el cual ofrece ciertas protecciones y beneficios para aquellas personas llegadas a Estados Unidos de manera indocumentada. El programa de DACA fue instituido a través de un memorándum por la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, el 15 de junio de 2012. La Corte Suprema determinó que el intento de la Administración de Trump de terminar el programa era ilegal. DACA vive aún y los cientos de miles de beneficiarios de DACA pueden continuar viviendo y trabajando en EE. UU. de conformidad con este vital programa.
El programa de DACA no proporcionó un camino hacia la ciudadanía, pero sí permitió que los casos de deportación de muchas personas indocumentadas fueran diferidos por dos años. Quizás aún más importante para muchas personas indocumentadas, que no estaban en un proceso de deportación, les otorgó ciertos beneficios, como la posibilidad de recibir documentos de autorización de empleo para trabajar legalmente en Estados Unidos, obtener números válidos de seguro social e incluso solicitar permiso para viajar fuera de Estados Unidos en búsqueda de oportunidades educativas y laborales o con fines humanitarios.
Se estima que más de 700,000 personas se benefician de este programa de DACA y excluirlos de la fuerza laboral al eliminar este, podría resultar en una pérdida de US$215 billones en la actividad económica, así como US$60 billones en ingresos por impuestos federales durante los próximos diez años. Los estados también podrían perder US$1.25 billones en ingresos fiscales cada año. De esta manera, el impacto del programa de DACA es enorme.
A pesar de estas estadísticas, la nueva Administración de Trump buscó terminar con el programa de DACA y en junio de 2017, el memorándum de DACA fue rescindido. Varios desafíos legales relativos a la terminación del programa llevaron a la posibilidad de los destinatarios de renovar nuevamente su estatus de DACA, pero no se permitió la posibilidad de presentar nuevas aplicaciones ni solicitudes de permiso de viaje (permiso anticipado de viaje).
Las esperanzas de muchos beneficiarios de DACA, sus empleadores, sus familias y sus comunidades estuvieron en suspenso hasta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que finalmente se emitió hoy, declarando ilegal la terminación del programa porque la Administración de Trump no proporcionó una razón clara de su accionar. En particular, la Corte Suprema encontró que la Administración de Trump no consideró la dependencia de los destinatarios de DACA y de todos los demás afectados por su acción arbitraria y caprichosa, básicamente, irrazonable e injustificable.
Por más emocionante que sea la decisión de la Corte Suprema de hoy, también debe abordarse con cautela. La Corte Suprema no decidió la legalidad del programa en sí mismo, ni tomo en cuenta el asunto relativo al hecho de que el programa fue rescindido. El triunfo fue con relación a cómo la Administración trato de finalizar DACA, no el por qué. La Administración de Trump podría tratar de terminar el programa nuevamente si es capaz de proporcionar una justificación más exhaustiva.
En base a esta decisión, los beneficiarios de DACA pueden continuar renovando su estatus de DACA. Las personas elegibles para DACA a través de una nueva solicitud pronto podrán solicitarla. Los beneficiarios de DACA nuevamente deberán ser permitidos la posibilidad de solicitar un permiso de viaje por razones válidas para viajar fuera de EE. UU.
La lucha de los Soñadores (“Dreamers”) debe continuar hasta que estén seguros con un estatus permanente en EE. UU. Sin embargo, esto sigue siendo un gran triunfo durante este tiempo de incertidumbre.
Si usted o un ser querido puede beneficiarse de DACA, por favor contáctese con nuestra oficina para programar una consulta individualizada a cerca de sus opciones.
